C0n el curso escolar ya empezado, el Govern reacciona a las reclamaciones de sindicatos docentes y las protestas de los profesores con el anuncio de una nueva resolución para desbloquear y flexibilizar la aplicación de la Lomloe, Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006. Esta nueva resolución determinará como llevar a cabo las evaluaciones, que habían suscitado una gran controversia.
El conseller Martí March, tras admitir el malestar generado, se ha comprometido a consensuar los nuevos criterios. Entre los motivos de la protesta de los profesores destaca que los nuevos curriculums fueron publicados en agosto y que la implantación de la nueva evaluación debe llevarse a cabo en unas semanas. Al mismo tiempo, la evaluación trimestral cualitativa, con indicadores como «poco», «bastante» o «nunca», para después ser transformada a final de curso en notas «suficiente», «bien» o «notable» han aumentado la irritación y el malestar de los docentes. Una Ley de Educación debe ser fruto del acuerdo, huir de las prisas políticas y contar con la participación de los profesionales de la Educación. Una norma de esta naturaleza no se puede redactar ni imponer de espaldas a los docentes. Ha de tener en cuenta el criterio de aquellos que deben aplicarla en las aulas. Hay que recuperar el consenso.