El primer convenio colectivo para los trabajadores de las residencias privadas de la tercera edad de Balears, suscrito por empresarios y sindicatos con la mediación del Govern, supondrá un enorme salto salarial en los próximos cuatro años; con un 41,2 por ciento de incremento entre otras mejoras laborales. El resultado final ha sido propiciado por la necesidad de frenar la fuga de trabajadores a otros sectores con sueldos más atractivos y mejores condiciones. La patronal ha tomado conciencia de que no puede perpetuarse una situación de precariedad e inestabilidad laboral en unas tareas que exigen cada vez más preparación, además del deber de cumplir con unos ratios de asistencia.
Este nuevo escenario de retribuciones conlleva las lógicas consecuencias en la cuenta de resultados de las empresas que explotan las residencias de la tercera edad; un segmento con una demanda creciente que el sector público no está en condiciones de asumir en solitario. El fuerte incremento salarial pactado implicará su correspondiente impacto en las cuotas mensuales de los usuarios; muy elevadas con respecto a las pensiones medias a pesar de las ayudas públicas. La preocupación en este sentido es lógica, tanto de usuarios como de sus familiares. El acceso a las residencias de la tercera edad no puede quedar reservado a una élite.