La ‘regla de minimis' es una ley de la Unión Europea que limita a 200.000 euros durante tres años la cuantía máxima de las ayudas comunitarias que pueden recibir las empresas de Balears. Esta norma hace que, en la práctica, las empresas de las Islas no puedan compensar los sobrecostes de la insularidad y, además, impide acceder a otras subvenciones. Una regla que restringe el alcance de las medidas fiscales del Régimen Especial de Balears, tal como acaba de denunciar el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Eduardo Soriano, al advertir que «limita mucho» los beneficios que el REB pueda aportar a las empresas de Balears.
Las asociaciones empresariales y las entidades económicas de las Islas, como el Cercle d'Economia de Menorca y y el de Mallorca vienen reclamando un tratamiento específico para Balears, que al no ser región ultraperiférica como Canarias, ve limitadas las ayudas de la UE. Las restricciones perjudican a las empresas de Balears, que no pueden competir en igualdad de condiciones a las situadas en territorio continental, y también afecta a su productividad. La revisión, durante el 2023, de los reglamentos de la UE que regulan estas ayudas abre la puerta a modificar los criterios en vigor para incrementar sus cuantías y, en el caso de Balears, valorar también su condición de territorio no continental.