La CEOE ya alertó, en febrero, sobre la necesidad de flexibilizar el calendario y la ejecución de los fondos Next Generation así como la normativa europea que rige las ayudas de Estado. Cuatro meses después, varios países, entre ellos los tres que más recursos comunitarios recibirán –Italia, España y Portugal— se suman a la petición de la organización empresarial al reclamar que se amplíen los plazos para ejecutar los proyectos. El 31 de agosto de 2026 concluye el periodo fijado por Bruselas para llevar a cabo las inversiones. La capacidad de gestión y de gasto de los estados beneficiados están en el punto de mira de la Comisión Europea, porque las partidas aprobadas, que incluyen subvenciones y créditos, destinan 190.000 millones de euros a Italia; y 160.000 millones para España. Estas enormes cantidades corren el riesgo de ser desaprovechadas si no se materializa su inversión en sólo seis años, teniendo en cuenta que durante 2021 y 2022 España sólo ha ejecutado 7.600 millones. En el caso de Balears hay que añadir el impacto de la ‘regla de minimis', que forma parte de las ayudas de Estado de la UE. Una norma que limita a nuestras Islas, al no ser región ultraperiférica, la compensación de los sobrecostes del transporte marítimo. La presidencia española de la Unión Europea constituye una gran oportunidad para anular esta regla en Balears.