La nueva Ley de la Vivienda estatal entró en vigor en mayo. A la gran incertidumbre sobre su supervivencia ante las distintas citas electorales, se ha sumado las dudas que generan algunos de los requisitos que impone a los propietarios. El objetivo de esta norma, que fue aprobada por los partidos de izquierda, consiste es proteger a inquilinos y garantizar el derecho a la vivienda, pero la principal crítica que recibe consiste en que pone en riesgo la seguridad de los propietarios y el derecho a la propiedad. A la hora de instar un desalojo, obliga a los propietarios a demostrar no solo un impago de alquiler o una okupación ilegal de su propiedad sino que no son grandes tenedores o que ese inmueble se destina a vivienda habitual. Gran parte de su aplicación queda en manos de las distintas autonomías.
La confusión generada obliga a los jueces a acordar criterios comunes, lo que sería innecesario con una ley más clara. Incluso con las dudas que genera, sobre la normativa se aprecia una amenaza mayor: la falta de medios. Los juzgados están saturados y no agilizan las demandas. Los organismos públicos que tienen que intervenir, como las oficinas municipales, tardan meses en mediar y en buscar soluciones. Con todos esos mimbres se consiguen efectos indeseados como que los propietarios desconfíen, eviten el alquiler y suban los precios ante el riesgo.