Cerca de 200.000 personas aguardan, en Balears, una sentencia o resolución judicial, lo que evidencia el monumental atasco de la Justicia en las Islas. Estos datos forman parte de la Memoria Judicial de 2024 y costatan un diez por cien de incremento en las causas pendientes. La plantilla de los jueces está muy mermada, con una carga de trabajo insostenible, y se precisan otros cuarenta magistrados para paliar esta situación que causa muchos perjuicios a los ciudadanos. Cuando la Justicia es tan lenta, no es justa; y las dilaciones se están multiplicando, sobre todo en asuntos civiles. Las reclamaciones de los consumidores, las quejas contra las aerolíneas o los bancos, y las demandas por excesos en las tarjetas de crédito disparan las demandas, hasta tal punto que los juzgados no pueden hacer frente a esta avalancha.
Hay asuntos muy importantes que están en un limbo y generan una gran angustia e incertidumbre a los afectados. Los tiempos de espera son muy largos y algunos pleitos, entre recursos y apelaciones, se eternizan con gran desgaste personal y económico para los implicados. Hacen falta más jueces y funcionarios, y también se debe dotar a la Justicia con medios técnicos más avanzados, que agilicen el trabajo. Balears no puede permitirse un colapso de esta envergadura, que erosiona la credibilidad de la Justicia.