En plena crisis migratoria en Balears, el Gobierno central (PSOE y Sumar) y el Govern (PP) escenificaron ayer una ruptura total y una guerra abierta por el reparto de los menores migrantes, que Marga Prohens se niega a acoger al alegar que las Islas carecen de los medios necesarios. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acusó de «racismo» a la presidenta balear. El ejecutivo autonómico denuncia que el archipiélago se ha convertido en la entrada principal de la migración irregular en Europa. Y un informe de Frontex alerta de que personas potencialmente peligrosas pueden colarse entre los inmigrantes con oscuras intenciones.
La polémica llega en plena búsqueda de los tres africanos desaparecidos en aguas de Mallorca, cuando la patera en la que llevaban seis días a la deriva naufragó. Un inmigrante falleció ahogado y otros veinte resultaron heridos. Una tragedia a la que desgraciadamente se enfrentan a diario otros inmigrantes. Por su parte, el Govern anuncia que se exigirán tres años como mínimo de tutela para que los jóvenes migrantes puedan acceder a ayudas de emancipación. También se pedirán tres años mínimos de residencia para acceder a la renta social e itinerarios obligatorios de inserción laboral, además de los cinco años mínimos que ya se exigen para acceder a una promoción de vivienda pública.