La aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, impulsada por el ministro Félix Bolaños, suscita tanto recelos y dudas como controversia al transformar 3.800 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia.
Entre estos nuevos órganos se encuentran los que agruparán a los dos del Partido Judicial de Ciutadella y los tres de Maó, más el Juzgado Penal. Las buenas intenciones de la «ley Bolaños» para acortar las tramitaciones y la ejecución de las sentencias chocan con la dura realidad de la crónica falta de órganos judiciales y recursos.
Los funcionarios advierten que la mayor reforma en la estructura judicial española en décadas necesita más personal e inversiones para obtener operatividad y eficacia. El sindicato CSIF señala que la reforma no contempla la situación real de la Administración de Justicia en Menorca, con unas plantillas marcadas por la inestabilidad. Advierte, gráficamente, «es como si quieres reformar la cocina de tu casa sin dinero; solo puedes cambiar los muebles de sitio y es lo que ha hecho el Ministerio».
En esta misma línea, el magistrado Antonio Fernández-Montells habla alto y claro: «en Menorca faltan más jueces y más estabilidad en las plantillas». Los cambios han de contar con recursos y medios para lograr los efectos deseados.