Las decisiones políticas han de estar avaladas con informes técnicos y jurídicos. Es una cuestión de sentido común y de imprescindible aplicación en todas las medidas y acuerdos que aprueben las administraciones. La ordenación territorial de Menorca, competencia transferida al Consell, implica la capacidad política para planificar y determinar los usos y actividades en cada zona del territorio insular.
Poner bajo sospecha la colaboración de técnicos de los departamentos de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca con el Consell de Menorca significa cuestionar la capacidad e idoneidad de estos técnicos que, al ejercer sus responsabilidades en la función pública, actúan con profesionalidad, transparencia y con la aplicación de las leyes y normas en vigor. El actual gobierno del Consell ha de poder revisar el Plan Territorial Insular, porque así lo permite el ordenamiento jurídico, respetando este ordenamiento. Los técnicos han de informar, orientar y advertir a los políticos, fijando el marco de actuación donde la decisión política es correcta y sin vulneraciones. La colaboración entre administraciones cuenta con numerosos antecedentes.