La decisión del Govern Prohens de asumir directamente la recaudación de impuestos en Balears marca el final de una anomalía que se ha prolongado durante casi cuatro décadas. Que una función tan esencial del poder público —la gestión de los ingresos tributarios— haya estado en manos de un modelo externalizado desde 1988 constituye una excepción difícilmente justificable en un Estado autonómico moderno. Durante años, el recaudador de la Comunitat Autònoma ha operado con eficacia, pero la eficiencia no puede ser el único criterio cuando están en juego el control público, la transparencia y la rendición de cuentas.
La recaudación de impuestos forma parte del núcleo de la acción de gobierno. Balears era la última autonomía que mantenía este sistema. La internalización, a través de la Agencia Tributaria de Balears, es una medida lógica y necesaria porque permite al Govern recuperar el control sobre sus recursos, mejorar la coordinación interna y reforzar la legitimidad de la gestión tributaria ante la ciudadanía. También permite una mayor trazabilidad de los procedimientos y un escrutinio claro de los costes. Pero este proceso no está exento de retos. La integración de cerca de 200 trabajadores exige planificación, garantías laborales y una transición ordenada que evite disfunciones en un ámbito especialmente sensible.