El proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno PSOE-Sumar, que ha previsto recibir 750.000 solicitudes y contará con 500.000 beneficiados, arranca bajo los signos de la incertidumbre y la confusión. Quienes deseen acogerse a esta iniciativa han de aportar el denominado «informe de vulnerabilidad», un documento administrativo que constituye un requisito imprescindible del que no se había informado previamente. Sin este certificado no es posible acogerse a un procedimiento que debe estar concluido en un plazo máximo de tres meses.
Hasta el mediodía de ayer, tanto quienes esperan regularizar su residencia en España como quienes deben emitirlo -los servicios sociales de los Ayuntamientos y las entidades colaboradoras del Gobierno- no habían recibido la documentación ni los protocolos con los criterios para expedir los informes. Todo ello provocó nervios y protestas, y evidenció la improvisación con la que se acomete una actuación de esta envergadura. El Consejo de Estado ya incorporó la exigencia del certificado de antecedentes penales. La regularización de 500.000 inmigrantes no puede ser fruto de la precipitación y las sorpresas de última hora.