El Govern, a través de la empresa pública PortsIB, que dirige el conseller menorquín Juan Manuel Lafuente, concederá una autorización a los usuarios del puerto de Sanitja para que, temporalmente, puedan volver a amarrar sus barcas en este enclave de la costa norte. Las embarcaciones fueron retiradas en cumplimiento de una orden dictada por la Demarcación de Costas, que depende del Gobierno central. Mientras, el Govern sigue tramitando la concesión para los próximos veinte años, en coordinación con la Demarcación, para regularizar este embarcadero y que los usuarios puedan utilizar con plenas garantías los pantalones situados en la zona marítimo-terreste junto a Cavalleria.
Demarcación de Costas, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, no veía con buenos ojos la fórmula de la autorización temporal, que prosperó al ser la única opción viable. El conflicto en Sanitja tiene su origen en el traspaso de las competencias de Costas a Balears, que acordó el anterior Govern del Pacte con el Gobierno de Pedro Sanchez. Mal negociada y peor dotada, la transferencia abre numerosas dudas administrativas que acaban perjudicando a los ciudadanos de las Islas.