El anuncio de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de reformar la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia llega tarde, pero es imprescindible. La existencia de una grieta legal que ha permitido que personas condenadas por acoso continúen ejerciendo en ámbitos vinculados a menores revela una realidad incómoda: incluso las normas concebidas para blindar derechos fundamentales pueden fallar en su aplicación práctica.
El caso del profesor mallorquín Miquel Roldán ha actuado como detonante, pero no es un episodio aislado. La ministra ha admitido situaciones similares en otras regiones. No estamos ante una anomalía, sino ante una carencia estructural. Cuando la protección de los menores depende de interpretaciones o de que las sentencias incluyan inhabilitaciones específicas, el sistema deja de ser preventivo.
La iniciativa del Govern, respaldada por la unanimidad del Parlament, ha sido decisiva para situar este vacío en la agenda estatal. La presidenta Prohens ha descrito la impotencia de los gobiernos autonómicos, obligados a aplicar una legislación que limita su capacidad de reacción. La pregunta es inevitable: si la grieta existía, ¿por qué no se detectó antes? La credibilidad de las instituciones depende ahora de la rapidez con la que se corrija esta laguna legal.