El cese de Consuelo Pérez Luengo al frente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses cierra una etapa de deterioro durante años, aunque la decisión del Ministerio de Justicia llega tarde. Lo que en 2015 se presentó como un proyecto de modernización ha acabado en un colapso estructural que afecta a uno de los servicios más sensibles del sistema judicial.
Las esperas de hasta tres años para la entrega de informes de autopsia no son una simple disfunción administrativa: son un fracaso institucional con consecuencias humanas profundas. Detrás de cada retraso hay familias incapaces de cerrar el duelo, herencias bloqueadas y seguros sin resolver. La llegada de cadáveres sin identificar, las largas demoras en la entrega de informes y una plantilla insuficiente desbordan la capacidad operativa del instituto.
La comparación con otras provincias evidencia un déficit estructural que no puede explicarse únicamente por factores coyunturales. Balears no puede permitirse un sistema forense colapsado. La calidad de la justicia, la dignidad de las víctimas y la confianza de la ciudadanía están en juego. El nuevo rumbo debe partir de una premisa clara: garantizar un servicio ágil, suficiente y acorde a las necesidades reales del archipiélago. El cese era necesario. Ahora hay que aplicar medidas para ofrecer un funcionamiento eficaz y rápido.