La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el ‘caso Plus Ultra’ conmociona la política española. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno PSOE-Sumar concedió a Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia, ordenó el registro del despacho de quien fue jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011. La investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por el «uso indebido» de los 53 millones de euros aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez para Plus Ultra.
Las reacciones son dispares. La Moncloa invoca la «presunción de inocencia». El PSOE defiende a Zapatero porque «la derecha y la ultraderecha no le han perdonado por los avances de sus políticas». Por su parte, el PP califica el hecho de «extrema gravedad» y exige la comparecencia urgente de Pedro Sánchez, y Vox reclama una moción de censura para que todos los diputados «se retraten». Es preciso esclarecer qué ha ocurrido y las responsabilidades de un personaje tan relevante como es Zapatero. La Justicia debe actuar con agilidad y rigor para despejar las sospechas que enturbian la política española, aumentan la crispación y perjudican al Gobierno PSOE-Sumar.