El Consell y los distintos ayuntamientos han presentado en las últimas semanas los presupuestos públicos para el año recién comenzado con el denominador común del optimismo. Se alude de forma expresa al esfuerzo inversor con el objetivo de compensar la caída de la actividad que registra el mercado laboral y los indicadores de recesión que describe el momento económico. Los quince millones del Fondo estatal aprobado con carácter extraordinario y con la misma finalidad refuerzan esa vocación de las cuentas públicas. De hecho, todos los ayuntamientos han respondido con diligencia a esa oferta.
La obra pública que se aventura como consecuencia de esa política permitirá recuperar parcialmente el empleo en el sector de la construcción, el más sacudido por la crisis, y mejorar la infraestructura, aunque por sí sola no bastará para normalizar el pulso económico. El complemento necesario a esa voluntad necesita de otras medidas más generales que, sin detrimento de la acción social y el cumplimiento de las obligaciones básicas de la administración local, beneficien a la ciudadanía. La austeridad en el gasto corriente y una política fiscal consecuente con el momento han de completar esos propósitos.