La especulación de los mercados contra una moneda o contra los títulos de un país no es el resultado de una conspiración internacional. Los depredadores atacan a los más débiles. Y las opiniones de la prensa económica internacional sobre la economía española podían contener algunas imprecisiones y exageraciones pero han sido básicamente correctas. No entremos en la legitimidad de algunos medios para dictar doctrina cuando, lejos de denunciar excesos, se han pasado años aplaudiendo la dinámica de los mercados financieros y el signo de la política monetaria: los factores que han contribuido a la crisis internacional.
En las acciones especulativas en el mercado de deuda no deja de ser paradójico que departamentos o filiales de unas entidades que han sido apuntaladas con dinero o aval público se dediquen a atacar al valor de los títulos emitidos por los Gobiernos que los han salvado. Pero del salvamento bancario lo más lamentable es que no se utilizara el momento para imponer un severo cambio de regulación bancaria (requerimientos de capital, limitaciones a la especulación por cuenta propia, etc.).Los agoreros nos hemos quedamos cortos. Los que decíamos que España no iba bien (como repetía uno) ni su economía estaba en la Champions (como dijo otro) tenemos que reconocer que la fragilidad de la economía española resulta mayor de lo que apuntábamos. Y que, a nivel internacional, los desequilibrios financieros que estaban siendo estimulados por una política monetaria irresponsable han sido peores de lo que denunciábamos.
Nos equivocamos en la valoración del equilibrio a largo plazo de las cuentas públicas españolas. El componente cíclico de los ingresos es mucho mayor de lo que pensábamos y la caída de los ingresos fiscales ha sido enorme: en dos años 8 puntos del PIB cuando en Alemania y en Francia lo han hecho en menos de un punto. Eso aleja y dificulta la posibilidad de generar un superávit primario (saldo antes de pagos de intereses) para controlar la explosión del endeudamiento público. Lo que lleva a la necesidad imperiosa de reducir el gasto.Hay mucho gasto superfluo en todos los niveles de la Administración, especial, pero no únicamente, en la autonómica. Pero que no se va a recortar; en parte porque no es fácil hacerlo rápidamente (y las urgencias son muchas), pero, sobre todo, porque hacerlo iría en contra de los intereses del poder político de facto: las cúpulas de los partidos. Muchos afines que se benefician de ese gasto y mucho clientelismo que habría que abandonar si el gasto desapareciera. También hay programas y gastos fiscales que no cumplen sus objetivos pero se mantienen. Se podría reducir sustancialmente el gasto del conjunto de las administraciones sin afectar significativamente la provisión de bienes y servicios públicos y la labor asistencial del Estado.La sobrevaloración de los ingresos fiscales se debió a una percepción deficiente del peso de los ingresos relacionados con el boom inmobiliario. Este error de percepción se produjo también en las implicaciones para el conjunto del PIB del final del boom, pues se infravaloró la demanda derivada del sector inmobiliario y del de la construcción sobre subsectores industriales y de servicios. La conjunción del fin del boom y la restricción crediticia han tenido efectos devastadores sobre la actividad productiva y el empleo.
Y la salud de segmentos relevantes del sector crediticio es mucho más delicada de lo que se pensaba. Errores de percepción y una deficiente supervisión bancaria llevaron a que el apalancamiento del sector alcanzará cotas irresponsables. Los recursos ajenos distintos de los depósitos pasaron entre 2000 y 2007 de representar 3 veces el VAB del sector a 21 veces. Y este brutal apalancamiento está en la base de las altas cotas de endeudamiento del sector privado español.Y subyaciendo a todos estos problemas las deficiencias de competitividad y productividad. La pérdida de competitividad es el resultado de un mayor crecimiento salarial y un menor crecimiento de la productividad. Y el mayor crecimiento salarial es el resultado de una ineficiente negociación colectiva (por interés de las cúpulas sindicales y patronales) y un persistente diferencial de inflación, que, a su vez, es el resultado de deficiencias en la competencia y, de nuevo, menor productividad.Y la mejora en la productividad necesita urgentemente de un contrato laboral único, de una mayor flexibilización de la gestión interna de los recursos humanos, de la mencionada reforma de la negociación colectiva, de una notable agilización administrativa y de la Justicia, de avances en la competencia y de una mejora de los cauces de financiación. Y, por supuesto, a largo plazo, de mejor capital humano y más innovación. Los agoreros pensamos que poco de esto se va a llevar a cabo. Ojalá esta vez no equivoquemos.