Existen pocos casos de corrupción política que afecten a las instituciones menorquinas, si se compara con lo que está sucediendo en Mallorca.
La querella criminal de Valeriano Allés contra el Consell y sus responsables políticos debe entenderse como la legítima defensa que hace este empresario para recuperar el negocio en una cantera clausurada por orden judicial, por un contencioso con la propiedad.
Se querella después de agotar la vía administrativa.
No sería justo comparar este caso con otros de presunta corrupción política.
En todos ellos, la administración de Justicia debería actuar con mayor rapidez. Es evidente que la Fiscalía Anticorrupción está saturada, pero debería disponer de más medios para responder a los expedientes de la permuta del solar de las ratas, el caso Saura Morell y ahora las presuntas irregularidades en la gestión de Ciutadella Turisme.
Estos tres casos relativos al Ayuntamiento de Ciutadella no pueden tener bajo sospecha a personas concretas, ni afectar a la actividad de la institución. No es positivo que la actividad política se desarrolle en los Juzgados, pero no se puede prescindir de los jueces cuando hacen falta.
La respuesta judicial no puede demorarse tanto.