Acabar con el terrorismo de ETA con todos los medios que permite el Estado de Derecho es un objetivo prioritario.
La eficacia policial de los últimos meses, comprobada de nuevo con la detención del máximo responsable de la banda, sirve a ese objetivo porque pone a los terroristas contra las cuerdas.
No hay ambigüedades en la acción del Gobierno en la lucha contra el terrorismo.
Ayer, el ministro de Interior, se refería a las lecciones que se han aprendido del pasado. No hace falta buscar ahora argumentos para el debate político, sino que es el momento de la unidad para avanzar en la línea que más resultados está dando.
El mensaje llega con claridad: los terroristas están al margen de la sociedad democrática, atentan contra ella y deben ser detenidos, juzgados y cumplir sus condenas en la cárcel.
Quienes les apoyan también se sitúan en el bando de los terroristas y no pueden aspirar a participar en un sistema político que pretenden destruir por la fuerza.
Habrá que saber aplicar todo el peso de la ley contra ETA y quienes la defienden y al mismo tiempo no criminalizar las ideas políticas. La democracia debe salir fortalecida de este proceso, enriqueciendo la libertad basada en la palabra y no en la violencia.