Los almacenes y las casas de la ribera de La Solana, en el puerto de Maó, pasarán a ser patrimonio público, al finalizar la concesión por parte de Autoridad Portuaria. Seguramente nunca deberían levantarse estos edificios en primera línea del mar, sobre todo los residenciales. Los usuarios, casi propietarios después de tantos años, sabían que llegaría el día en que tendrían que devolver lo que durante décadas han disfrutado. La Ley está para cumplirse y no para esquivarse. La administración dispondrá de más patrimonio para gestionar y darle un nuevo uso a estas edificaciones u obtener una rentabilidad pública. Autoridad Portuaria está consiguiendo unos ingresos muy importantes con la explotación de los recursos y los espacios del puerto de Maó que reinvertidos aquí deberían dar importantes y necesarios frutos de interés general.
Recuperar patrimonio público no puede ser un objetivo en sí mismo. Si no tiene una utilidad, que responda a una necesidad, representa un gasto adicional para las administraciones. Si no se invierte en su mantenimiento, al final ese patrimonio se deteriora, a veces de forma irreversible. La Isla está llena de instalaciones civiles y militares que sirven de tristes ejemplos.