El expediente sobre oferta turística presuntamente irregular que la patronal hotelera ha puesto en manos de la Conselleria reactiva un viejo problema. La comercialización de plazas carentes de la preceptiva autorización administrativa se ha desarrollado con relativa impunidad en las últimas décadas y más recientemente ha encontrado en internet una vía de expansión formidable. La ausencia de normativa concreta generó el eufemismo alegal para referirse a una voluminosa bolsa de negocio en una actividad que con el tiempo se ha convertido en la primera e imprescindible para la economía insular, circunstancia que ha ido acompañada de una legislación más precisa, reguladora de la misma. No existen, por tanto, los viejos pretextos que han tolerado prácticas que hoy día se sitúan claramente al margen de la norma y por ello corresponde al Consell aplicar sus atribuciones de control e inspección. La cifra de comercio supuestamente fraudulento detectado en la Isla equivale a un altísimo porcentaje del conjunto de la oferta de alojamiento y repercute negativamente en el ámbito del empleo y de la solidaridad fiscal, razón de más para iniciar una política de efectiva ordenación.
Editorial
Oferta turística no reglada