El Ayuntamiento de Sant Lluís ha anunciado una rebaja en el tipo de la antigua contribución urbana, que en la práctica compensará la subida anual de la revisión catastral y congelará durante los próximos seis años la cantidad final que paga el contribuyente. En tiempos de austeridad, la medida es oportuna para el ciudadano, más acostumbrado al aumento de la presión fiscal -dentro de unos días, por ejemplo, entran en vigor los nuevos tipos de IVA- que a las modificaciones a la baja, sobre todo en un impuesto que garantiza buena parte de los ingresos fijos para las haciendas locales.
Pero esa mejora para los vecinos añade problemas al municipio. En el actual contexto de reducción de gasto público y pobre financiación municipal, prescindir de 4,5 millones de euros, la cantidad que se deja de recaudar, implica un elevado riesgo para un ayuntamiento que aprobó un plan económico financiero para obtener estabilidad presupuestaria. Es probable que se resienta la calidad y la cantidad de servicios que presta y que aparezcan renuncias forzosas por falta de recursos, aunque también es una política eficaz aliviar los impuestos directos y aumentar los indirectos y circunscribir el trabajo municipal a las competencias propias.