En Melilla se ha celebrado un interesantísimo y oportuno curso de verano sobre la Constitución y la democracia, en el que han participado figuras de primer nivel como Rubio Llorente, presidente del Consejo de Estado, Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Fernando Ledesma, ex ministro de Justicia, Rodolfo Martín Villa, ex vicepresidente del Gobierno con UCD, Rafael Escuredo, ex presidente de la Junta de Andalucía o Joaquín García-Romanillos, ex diputado de la UCD. Como se ha hecho en Melilla, una de las ciudades españolas con mayor vigor cultural, apenas ha trascendido lo que allí se ha hablado. Melilla casi siempre está en el olvido inmerecido. Con la que está cayendo, éste es un tema para reflexionar con rigor.
¿Reformar la Constitución? Rubio Llorente ha retomado la propuesta que el Consejo de Estado elevó en 2006, a petición del presidente del Gobierno, en la que proponía eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono; la reforma del Senado; la mención específica de las comunidades autónomas en la Carta Magna; y reafirmar la integración europea. Rubio es partidario de ampliar aún más esa reforma, porque se detectan grietas en el tejido constitucional. Dijo, además, que "los políticos no se llevan siempre bien con los tribunales constitucionales y que el Tribunal Constitucional se creó precisamente para evitar el latente "peligro" de que las mayorías traten de cambiar la Constitución "de otras maneras sin alterar el texto".
Alfonso Guerra, por su parte, aseguró que él habría cambiado muchas cosas de la Constitución "si la hubiera hecho yo sólo", pero que "su principal valor es que no la hizo nadie sólo, ningún grupo contra otro grupo", sino que fue "un acuerdo de una sociedad consigo misma" y que si "el perfeccionamiento o el cambio de la Constitución supusiera la pérdida de ese pacto social" sería alterar su esencia. Guerra reconoció que desde el primer momento se mostró contrario al párrafo segundo del artículo 150.2 que hace referencia a transferir o delegar facultades estatales en las comunidades autónomas. Es decir, en contra de la confusión de competencias. Rafael Escuredo dijo que el constitucionalista se equivocó al tratar de establecer diferencias entre autonomías o al creer que era posible la desigualdad por razones históricas y políticas, y Martín Villa, otro de los clásicos, remató la faena defendiendo que "no sólo hace falta la reforma de la Constitución, sino muchas más reformas de la vida política española".
Tal vez no sea el momento o no sea posible hacerlo ahora, pero vamos a escuchar más voces pidiendo reforzar ese pacto social que hizo posible la transición y la democracia, pero haciéndolo compatible con cambios que aseguren su eficacia en la gobernanza española. El problema es que ni Rubio Llorente preside el Gobierno ni Guerra es la voz autorizada del PSOE. Los "ex" casi siempre tienen la mente más abierta que los que están.