El Consell de Govern de la Comunidad Autónoma ha aprobado el texto del proyecto de Ley del Buen Gobierno, que se traslada al Parlament para su debate. Esta norma pretende incrementar la transparencia en la gestión del dinero público y una mayor eficacia en la Administración. El primer objetivo se pretende conseguir mediante la publicación de los contratos superiores a los 9.000 euros y a 25.000 euros si se refieren a obras, además de mayores controles antes de la aprobación de un proyecto y la creación de una Oficina de Evaluación Pública, que entre otras cosas entenderá de las incompatibilidades de los cargos públicos. Veremos si la Ley consigue ampliar el control y la transparencia de la gestión sin caer en más estructuras burocráticas.
Otra cuestión es la eficacia. En este caso, la propuesta legislativa mira a los funcionarios. Lo que más ha llamado la atención es la idea de conceder primas de hasta 500 euros a los mejores empleados públicos. Incentivar la calidad profesional y el esfuerzo es positivo, sin embargo deberían valorarse otras cuestiones menos discrecionales para el incremento de la eficacia, como es la dotación de medios y la exigencia laboral.