Los reductores de velocidad, sean pasos sobreelevados o bandas de caucho, son uno de los sistemas ideados para incrementar la seguridad en las carreteras. Con ellos se pretende adaptar el tráfico a las condiciones de la vía. Los beneficios que reporta la instalación de estas medidas son difícilmente discutibles, pero también es cierto que los criterios para su ubicación y sus dimensiones no pueden dejarse al libre albedrío de las distintas administraciones. La normativa aprobada por el Ministerio de Fomento, aplicable a todas las carreteras del Estado, deja claro que se han de evitar brusquedades que perjudiquen al vehículo y, lo que es más importante, a los pasajeros. Por ello, las reiteradas quejas expresadas por la patronal de transportistas de Menorca, ASTRAME, están totalmente justificadas y no deben caer en saco roto.
Las averías de los autobuses, camiones y turismos, así como las consecuencias negativas para la salud de los conductores y viajeros requieren un rápida rectificación del Consell y los ayuntamientos, suavizando las bandas instaladas en las calzadas de la Isla. No se puede llegar al absurdo de que un elemento ideado para la seguridad produzca el efecto contrario.