El Gobierno español está haciendo un triste papel con el conflicto del Sahara. Ha considerado incompatible la defensa necesaria de los intereses españoles y el respecto al derecho de los saharauis a la vida y a la dignidad. La responsabilidad no significa decantarse por una de las dos opciones. España sigue teniendo una cuenta pendiente con el Sahara que seguramente nunca saldará. Incluso la ONU le reconoce a nuestro país un papel fundamental con relación a la soberanía de ese territorio africano. Negarse a ese protagonismo, a afrontar de cara el problema con Marruecos, es lo que ahora sitúa al Gobierno entre espada y pared. Mohamed VI se permite criticar a los medios de comunicación españoles, mientras expulsa o prohíbe el viaje de periodistas a El Aaiún. Es verdad que las relaciones con el reino alauita son muy difíciles y al mismo tiempo, estratégicas para frenar el terrorismo islamista y para controlar los flujos de inmigrantes, sin embargo la prudencia excesiva transmite una imagen de debilidad que no parece la mejor forma de negociar acuerdos positivos, que protejan a España de esas amenazas y que no representen condenar al olvido y a la injusticia al pueblo saharaui.
Editorial
El Sahara: Intereses propios y derechos ajenos