Las administraciones deben pagar en 50 días

La Ley contra la morosidad, que entró en vigor el 6 de julio de 2010, establece un plazo de pago de 50 días para las administraciones públicas con sus proveedores y contratistas. Esta norma no se cumple en la mayoría de las administraciones, principalmente por los problemas que tienen de falta de tesorería. La demora afecta también a numerosas entidades sin ánimo de lucro, algunas del ámbito social, que soportan este retraso con grandes dificultades y penurias. En el caso de proveedores, las administraciones ya asumen el peso de los intereses, que se calcula en base al fijado por el Banco Central Europeo más siete puntos. Esto protege a las empresas, sin embargo los gestores políticos deben hacer un gran esfuerzo para cumplir con el plazo legal y no generar un coste adicional a las arcas públicas. Este interés se genera sin necesidad de una petición expresa, a pesar de que asociaciones empresariales, como la federación de PIME, facilitan formularios a sus socios para solicitar el pago de esos intereses en cada una de las facturas. Hay instituciones que intentan reducir los plazos de pago. La precariedad económica de muchas empresas se acentúa con la morosidad de las administraciones públicas.