El Gobierno ha autorizado a la Generalitat catalana a refinanciar la deuda pública de esta comunidad, medida que ha extendido al resto de autonomías para apaciguar la rebelión que provocó dicha autorización entre los dirigentes territoriales. La sensibilidad de los agravios en materia autonómica y financiera es tan fina que ha obligado a volver al origen de este diseño estatal, ahora en versión más deuda para todos. Es probable que los ayuntamientos -Madrid ya lo ha hecho- presionen ahora con el mismo objetivo y pongan a prueba la resistencia del Gobierno, sometido a la contradictoria influencia de un serio plan de control del déficit y las necesidades objetivas y subjetivas de la administración local.
La cesión de Rodríguez Zapatero al planteamiento de Artur Mas y su posterior generalización supone un llamativo paso atrás frente a los propósitos de ajuste expresados en Bruselas y en la cumbre con Angela Merkel justo una semana antes. Los criterios políticos parecen haberse impuesto a los principios de austeridad presentados como innegociables en los foros internacionales, una actitud de vaivén, de cambio de discurso en función del escenario, que conlleva la pérdida de credibilidad y dudas sobre responsabilidad.