En 2010 se declararon en situación de concurso en Baleares prácticamente el mismo número de particulares que de empresas de la construcción e inmobiliaria. Por diferentes vías, todos ellos afectados por el batacazo del ladrillo y acudiendo a los juzgados por no poder afrontar sus deudas.
Lo más sangrante en el caso de las familias -personas, que no sociedades a extinguir o liquidar-, es que el concurso solo ayudará a retrasar una ejecución hipotecaria o un embargo, a negociar con el banco, el mismo que con tasadores supuestamente independientes les dio la soga con la que ahora se encuentran económicamente asfixiados; porque en este país no basta con entregar la casa, alguna letra que el notario leyó de carrerilla lo dice, me explicaba un gestor, y la ley lo avala.
Esto no es Estados Unidos, aquí no vale entregar las llaves, sino que se comprometen tus rentas futuras, vaya, que no te dejarán levantar cabeza hasta que se cobren hasta el último céntimo.
Una luz se abre con el debate sobre la posible modificación de la legislación hipotecaria, que podría incluir la dación en pago de la vivienda para resolver un embargo. Algo que aterra a la banca y a la ministra de Economía, Elena Salgado, pero que sería justo para los que entraron en la burbuja de la mano de tasaciones interesadas e infladas.