A mí me parece que lo moral, además de moral normal, pero sobre todo lo ético, es presentar en las candidaturas electorales a personas que reúnan méritos o presumibles actitudes si no políticas, sí por lo menos de gestión, porque mayormente el trabajo que van a tener que desarrollar será de esa naturaleza, sobre todo en los ayuntamientos. Un político municipal o autonómico recibe de la ciudadanía más cercana el encargo de gestionar bien los caudales públicos. Deberá prestar atención a la demanda social en infraestructuras, distinguir bien cuáles son las prioridades, y no debe olvidar nunca que en su trabajo está de paso y que es por esa bienaventuranza de las urnas, un trabajador que trabaja para la sociedad. Repito lo de trabajador, que lo ha elegido el pueblo y el pueblo lo paga. Sobre la capacidad mayor o menor que pudieran tener los elegidos, el votante deberá antes que ninguna otra cosa, exigir que los candidatos electorales estén libres de toda sospecha como corruptos.
De las personas que forman una lista electoral, se debería poder decir en principio que: "hasta ahora ninguno está implicado por corrupto", hasta ahora ninguno ha prevaricado ni falseado documentación ni está afectado por esa metástasis a la que yo llamo la enfermedad del político que no es otro mal que estar bajo sospecha de haber trasgredido la ley, ni siquiera en ese ejercicio tan común de tráfico de influencias, que tampoco es un pecado menor.
Si lo que resulta, según se ve, es que ya en algunas listas electorales figuran personas a las que la justicia les ha tomado interés porque en su anterior etapa como políticos ya habrían presuntamente delinquido, ¡apaga y vámonos!
El código moral, el que compromete la honestidad pública, se ve anticipadamente en entredicho al llevar imputados en las listas electorales. Pero es que además da esa dolorosa sensación de que los políticos ven la corrupción o el hecho de estar imputado, como una cosa normal, como si fuera inherente a su trabajo. Da la sensación de que se esté, con esa actitud, burlando la ciudadanía. Incluso podríamos decir que están institucionalizando la lacra de la corrupción como si el código moral sólo exista para que lo cumplan los demás. Fíjense que falta de respeto hacia el oficio.
En el diario El País, domingo 10 del presente abril del 2011, va un titular en la portada, que debería por si mismo ocasionar el más absoluto de los rechazos del votante. Dice así: "un centenar de imputados por corrupción se presentan el 22-M". ¡Han visto ustedes qué desparpajo! Quizá mejor sería decir, ¡han visto ustedes qué falta de vergüenza!
De ese centenar de "manzanas", no diremos podridas pero presuntamente "en mal estado", más del 50% serían del PP, 35% del PSOE, aunque también los hay de CIU, CC, e IU, según esta misma fuente.
Si a uno le da por mirar las listas electorales, tampoco es arriesgado pensar que algunos de esas listas podrían acabar sus legislaturas por estrenar siendo corruptos, a tenor de lo que han hecho quienes les han precedido. Ese es un futurismo desleal porque de momento la presunción de inocencia es lo que manda. Claro que si prestamos atención ni siquiera hay que vaticinar futuras tropelías de futuros transgresores de la ley emanados de las urnas, porque a ellas el 22-M concurren un centenar de imputados. O sea, que por esa parte ni siquiera cabe pensar en lo que puedan hacer mal los futuros mandamases, si no en lo que ya han hecho quienes les han precedido. No me digan que no es para "mear y no echar gota".
Un juez no va por ahí imputando al personal porque imputar es: "atribuir una culpa, delito o acción", de manera que sólo cuando un juez tiene o cree tener indicios de que se ha vulnerado la ley, ejercerá la figura jurídica de la imputación.
Estos días también han encontrado los políticos en ejercicio otro motivo para que la ciudadanía les mire malamente. Van los "tíos" y quieren seguir volando de acá para allá, pero no entre la plebe, ellos son muy "especiales" y muy "sacrificados", de manera que quieren seguir volando en primera clase, mientras el ministro de trabajo, Valeriano Gómez, "reclama moderación salarial durante una década".
Me da el pálpito de que la familia política va por muy mal camino y que de no moderarse y cambiar drásticamente por su propia voluntad, tarde o temprano les obligará el electorado que ya está bastante harto de su forma de actuar. A lo mejor todo será que nada más tocar poder se les nubla la razón. De otra forma se explica mal y se comprende peor alguna de sus actuaciones que tanto crispan al personal para el que trabajan.
En las próximas elecciones figura un centenar de imputados por la justicia. Y si preguntas a los políticos te dirán que les parece normal, natural. Al final va a resultar que incluso puede ser buena cosa aquello de poner la zorra a guardar gallinas.