Tanto en el Consell, como en los diferentes ayuntamientos de Menorca, los cabezas de lista que ganaron las elecciones están ya ultimando "el gran reparto" de las áreas y responsabilidades concretas que asumirán los consellers y ediles electos.
Se reparte el pastel entre los ganadores. Mientras los perdedores preparan el desalojo de los despachos que hasta ahora tenían en usufructo (aunque algunos, por mor de la costumbre, creían que ya eran suyos).
Al mismo tiempo, esos cabezas de lista son entrevistados por los medios de comunicación que quieren informar al público de las "novedades" que se van a producir.
Y parece que a la que han abierto sus boquitas de piñón ya han cometido algún que otro error de bulto, que no ha caído bien al respetable
El president del Consell "in pectore", el señor Tadeo, ha dicho que no quiere "tirar de la manta".
Y aquí ya no estamos de acuerdo muchos.
La realización de auditorías por empresas especializadas independientes, debería ser, no sólo conveniente, sino que me atrevo a decir que debería ser requisito legal obligatorio.
Los administrados tenemos el derecho de saber el estado de cuentas de los ayuntamientos y del Consell, especialmente en aquellos en los que un mismo partido ha estado haciendo y deshaciendo durante largos periodos de tiempo.
Al margen de las auditorías que puedan hacerse por imperativo legal ordinario, no está demás que quienes entran en las instituciones sepan (y hagan saber) el estado económico-contable real de la institución. Qué hay en el haber, en el estado patrimonial (el valor real actualizado) y sobre todo qué hay en el debe. Con valoraciones al día hechas por elementos cuya neutralidad e independencia esté fuera de toda duda.
De esta manera los "nuevos inquilinos" sabrán donde están y como les han dejado el chiringuito los cesantes.
De no hacerse, los entrantes se hacen automáticamente corresponsables del estado de la cosa y asumen la "herencia" de quienes se despiden de sus despachos.
Se imaginan ustedes que alguien comprara una empresa para gestionarla en adelante, y no se molestara en saber lo que esa empresa tiene, lo que debe, cuánto y a quién lo debe. Nadie sería tan estúpido, ya que se comería el marrón y asumiría unas deudas que él no ha provocado (pero que será responsable de pagarlas). El CIMe, los ayuntamientos no son empresas privadas, pero por todo lo demás han de funcionar como ellas y dar cuenta de resultados a los administrados. No olvidemos que utilizan dinero público.
No se trata en absoluto de revanchismo, ni de tirar de la manta, ni de nada por el estilo.
Se trata de que sepamos todos dónde estamos.
En una época en que la transparencia debiera ser norma y la contención del gasto, factor prioritario, las auditorías (que no coinciden con fin de año contable) son esenciales. Por eso en los ayuntamientos y en el CIMe no pueden dejar de hacerse.
Y si hay algún pelotazo o alguna malversación de fondos públicos, luz y taquígrafos. Y que respondan por sus hechos quienes sean de ello responsables. Ejemplos ya ha habido y no tan lejos.
¡Auditorías ya!