Cuando los deberes no se hacen a tiempo llegan las prisas. Entonces se recurre a instancias superiores y se les hace partícipes del problema. Este es el caso de los seis municipios menorquines que no pueden cumplir con la normativa que obliga a tener una red de alcantarillado en sus urbanizaciones (solo Ferreries y Es Migjorn cumplen con la ley). Esto implica que no podrán conceder licencias, certificados de final de obra o cédulas de habitabilidad, lo que afecta negativamente al sector de la construcción, que precisamente no vive su mejor época. Los plazos se agotan y, como ya se hiciera a principios de año, los ayuntamientos vuelven a solicitar que se alargue la prórroga establecida. Ahora no hay recursos ni tiempo material para dotar a los núcleos turísticos de este servicio obligatorio. El Govern, en boca del conseller Simón Gornés, se ha comprometido a estudiar la fórmula jurídica que permita satisfacer esta petición. También desde el PSM se reclama un Plan Integral de Saneamiento de la Costa para regularizar una situación que no se debería haber producido nunca. Son soluciones y es de esperar que lleguen, pero ello no debe ocultar la falta de previsión que se tuvo en épocas de bonanza y desarrollo. Lo ocurrido ha de servir de lección.
Editorial
Urbanizaciones sin alcantarillado