El Govern debe asumir ahora la gestión de la desaladora de Ciutadella, una infraestructura muy cara, en una situación económica crítica. El Ministerio de Medio Ambiente ha llevado a cabo la inversión y pretende traspasar la planta a la administración autonómica, en cumplimiento del convenio firmado en 2003. Sin embargo, no hay conexiones para suministrar el agua desalada, ni compromiso del Ayuntamiento de Ciutadella para comprarla. Hoy, posiblemente, casi nadie apostaría por esta inversión, cuando hace ocho años fue aplaudida por todo el mundo. La desaladora sigue siendo, como entonces, una infraestructura necesaria para ralentizar el proceso de salinización de los pozos. En una Isla debería ser una instalación básica para su futuro. Las administraciones, a pesar de las enormes dificultades económicas, deben ponerse de acuerdo para que la planta de desalinización no quede obsoleta sin estrenarse y preste el servicio necesario que impulsó su construcción. A largo plazo, el agua desalada debe extenderse por las tuberías, como si fueran arterias, hasta la zona de Llevant, ayudando a paliar la pérdida de calidad del suministro de agua potable. Este objetivo final ahora inasumible, pasa por resolver el actual bloqueo.
Editorial
La desaladora, una infraestructura necesaria