Es comprensible que el Govern tenga prisa. Animar la actividad económica no admite esperas. Por ese motivo, ha presentado la nueva Ley General Turística, que ha de sustituir la de 1999. Ha abierto el periodo de exposición pública y se prepara para su tramitación y debate parlamentario. Lo importante de esta ley será su resultado final. Tiene el objetivo claro de reducir burocracia y facilitar los trámites a los promotores, aunque ello no puede hacerse marginando a los ayuntamientos o creando desigualdades en un mismo territorio. De hecho, el conseller de Turismo, Carlos Delgado, ha insistido en que la nueva legislación pretende dar seguridad jurídica. Por otra parte, la forma en que se han de reconvertir los establecimientos obsoletos crea dudas, por su incidencia en el mercado inmobiliario y por los efectos sobre la oferta turística. La mayor presión sobre la oferta ilegal, denunciada en numerosas ocasiones por parte de los hoteleros menorquines, debe servir para que todas las empresas compitan en las mismas condiciones. La posibilidad de fomentar los establecimientos en suelo rústico es otro tema de debate, que tiene varios frentes. Es probable que el consenso entre los partidos no sea un objetivo del Govern, pero lo ha de ser el acuerdo con la sociedad.
Editorial
La Ley General Turística, un debate abierto