No me ha sorprendido la declaración de "no culpable" de Francisco Camps y no porque crea que es inocente de haberse vestido con trajes que no pagó, sino porque un jurado popular no es un juez, ni se rige por el Código Penal. Seguramente aplica la lógica del ciudadano de la calle. Los jurados que le han absuelto quizá piensen que por cuatro trajes no hacían falta tantas alforjas, es decir un costoso proceso judicial y seis semanas de vista oral. Además el Camps imputado ya arrasó en las elecciones autonómicas. Entonces, un "jurado popular" mucho más representativo ya se había pronunciado. Sin embargo, la máquina de la Justicia no puede pararse ante estas nimiedades sociológicas y debe taparse los ojos y los oídos y seguir sentando en el banquillo a los posibles corruptos. Es la mejor fórmula para la prevención. En este aspecto, Francisco Camps ha sido un precursor. El ministro Cristóbal Montoro, pretende articular el concepto de responsabilidad penal para la gestión de los políticos en los cargos públicos. La idea, de complicada aplicación, ha sido bien acogida por los ciudadanos. Una nueva norma solo puede aplicarse a partir del día en que entra en vigor. Por tanto, no puede ser retroactiva, no alcanzaría a anteriores gestores. En cambio, a Camps se le ha exigido la responsabilidad penal. En la política, no creo que sea absuelto. El paso que dio al dimitir no tiene vuelta atrás. El tono de los cintas, que pasa del rosa al rojo, pesa demasiado.