Una de las peores consecuencias para las familias tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis económica y las alarmantes cifras del paro que sufre nuestro país son los desahucios que se producen cuando no se puede hacer frente al pago de la hipoteca. Según el Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 un total de 335.000 hipotecados han perdido su casa en un juzgado por no poder hacer frente a la deuda contraída. Ante la creciente presión ciudadana respecto a este problema, el Gobierno ha anunciado que permitirá acogerse a la dación en pago a las familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales, siempre que se trate de la primera vivienda. Sin embargo, las entidades financieras podrán actuar de esta manera de forma voluntaria. En este sentido, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha reconocido que "la dación en pago debe ser una excepción, pero la triste realidad es que algunas viviendas que entregan las familias es el único activo que tienen". La iniciativa del Ejecutivo central peca de cierta ambigüedad y ha sido acogida con no pocas dudas sobre el efecto real que tendrá sobre los afectados y el propio sistema financiero. De todas maneras, la situación actual urge a buscar una solución a este drama social.
Editorial
Dar una respuesta al drama de los desahucios