La condena a seis años de cárcel y a nueve y medio de inhabilitación, además de la pérdida de los honores y atenciones protocolarias, al expresidente del Govern y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, castiga un estilo de gobierno y de gestionar el dinero público que se agarraba a la idea de que jamás se tendrían que rendir cuentas. Un modelo que desprestigia a la clase política y cuyas consecuencias al final las paga el administrado. Además, la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Palma hace referencia a la primera pieza de las 26 que integran el caso Palma Arena y que investigan la supuesta gestión corrupta y el enriquecimiento personal de Matas. De hecho, se podría decir que quizás sea el delito menos grave de todos los que se le acusan, por lo que el calvario del hasta hace poco todopoderoso político no ha hecho más que empezar. Lo que ha ocurrido en Balears no es una excepción. Las alegrías en el gasto, los escándalos de corrupción y las deudas acumuladas tienen mucho que ver con el déficit que padecen las comunidades y que ahora sufren los ciudadanos con los ajustes económicos. Por ello, bienvenida sea la ley de transparencia y buen gobierno por la que se penalizará a los responsables de hechos tan lamentables como los que se han vivido en las Islas.
Editorial
Un ejemplar castigo a un estilo de gobernar