Cuando los gobernantes echan mano de las tijeras siempre cabe temer lo peor, tal como pone de manifiesto el último paquete de recortes. Y la situación se deteriora o agrava de manera peligrosa cuando la aplicación de esta política lleva al recorte mismo de la democracia.
El poder político nunca se conforma con el control de sus instituciones de gobierno. Siempre quiere más. De ahí que también se interese por controlar un determinado conjunto de instituciones no políticas existentes en la sociedad. Cuando tal ocurre, surgen naturalmente unas injerencias que suelen hacer inevitables las protestas y los conflictos institucionales. Se ha visto hace unas semanas con los planes del ministro de Justicia para modificar la elección del gobierno del Consejo General del Poder Judicial. No obstante, y apelando a la independencia, el propósito de Alberto Ruiz Gallardón ya ha merecido el inmediato rechazo del órgano que integra a los jueces y magistrados. O se vio años atrás con la injerencia de los partidos políticos y las centrales sindicales en el gobierno de las cajas de ahorro; con unas consecuencias nefastas, por cierto, a la luz de lo que va deparando la actual crisis financiera.Pero el poder político no desiste ni descansa en sus afanes. Ni siquiera en pleno verano. Porque otro paso muy significativo acaba de registrarse en Catalunya, donde la Generalitat se dispone a ejercer un mayor control de las universidades públicas, garantizarse una presencia mayoritaria, a través de una reforma que de entrada plantea cargarse el vigente sistema electoral. De acuerdo con un primer borrador que ha trascendido sobre un estudio para una reforma universitaria, llamada sin duda a generar amplia controversia, el gobierno de Artur Mas podría proponer ahora que los rectores y decanos sean designados por unos patronatos internos de los que quedarían excluidos expresamente profesores y alumnos. Estos dos estamentos universitarios solo se verían representados en un senado de carácter simplemente consultivo, por tanto sin capacidad de decisión alguna. Además, en el mencionado senado la representación del alumnado apenas alcanzaría el 20 por ciento de los miembros integrantes del mismo. El Consejo de Estudiantes de las Universidades Catalanas ha expresado ya su firme repulsa hacia la reforma proyectada por cuanto implicaría la expulsión del alumnado -colectivo universitario más numeroso- de los órganos ejecutivos de las citadas universidades. Y es previsible que la protesta estudiantil se intensificará cuando se inicie el próximo curso académico.Que Artur Mas, al igual que Mariano Rajoy, esté obsesionado por unos recortes de índole económica es algo comprensible. Pero resultaría francamente desalentador que la Generalitat quisiera prescindir de la voz de los alumnos universitarios y recluirla en un ente meramente consultivo. Como decepcionante sería también que la derecha nacionalista catalana eliminara finalmente la participación estudiantil en el gobierno de las diferentes facultades universitarias. Con reforma o sin ella, a la Generalitat habría que exigirle que la Universidad sea una escuela de democracia.
Ni que decir tiene que, en caso de prosperar la reforma aquí comentada, se producirá una peligrosa involución al instaurarse sin más la democracia digital, esto es, la designación a dedo de los rectores y decanos. ¿Se permitirá en los tiempos que corren que se incurra en una falta de respeto tan grave hacia la democracia que rige en la primera institución educativa de Catalunya? En cualquier caso, el sentido común aconseja que la Generalitat -gobernada hoy por Convergència i Unió- no debiera entrometerse en modo alguno en la Universidad catalana, en sus órganos de gobierno y en su funcionamiento, por la vía de un profundo cambio estructural que en el fondo solo parece perseguir un estricto control político de la institución.
A partir de ahora habrá que verificar si los diversos estamentos de las universidades públicas aceptarán las líneas maestras de la reforma anunciada; o bien se mostrarán extremadamente vigilantes en la salvaguardia de la democracia y evitarán que se ignoren e incluso pisoteen unos importantes valores y derechos de los que siempre se ha sentido orgullosa la comunidad universitaria.
Rectificar es de sabios. ¿Lo decidirá así Artur Mas antes de que sea demasiado tarde?