El Govern parece empeñado en modificar las normas en materia de suelo rústico, con la intención de que un proceso de legalización "exprés" de las construcciones ilegales sirva para mejorar las finanzas municipales y al mismo tiempo resuelva la endémica proliferación de construcciones sin licencia. La Ley de Desarrollo Sostenible ya ha recibido una advertencia de inconstitucionalidad por parte del Gobierno. Esta "Ley Company" pretende dar a los ayuntamientos la potestad para decidir sobre las condiciones de legalización de los núcleos residenciales en rústico, despreciando las competencias de ordenación territorial de los consells. Ahora, se plantea la reforma de la Ley del Suelo y la posibilidad de legalizar sin sanción las construcciones que se levantaron de forma ilegal hace más de ocho años. El objetivo de aplicar soluciones necesarias a una problemática histórica está creando dudas y afectando a criterios básicos sobre una planificación territorial que no cree desigualdades. El Govern debería contar más con los consells, que gestionan la competencia de ordenación del territorio, y no impulsar cambios legislativos a la brava o utilizando conceptos como el silencio administrativo positivo para considerar legales edificaciones objeto de expedientes de disciplina en suelo rústico.
Editorial
El Govern y su política urbanística en rústico