Las encuestas siguen coincidiendo. Una inmensa mayoría de ciudadanos cree que los políticos son un problema para nuestro país. Personalmente no creo que, de momento, la gente esté en contra de la democracia pero sí lo está contra una gran parte de la casta que, ahora, la gestiona. La diferencia naturalmente es sustancial pero no menos clarificadora. No parece que se cuestione el sistema político pero si la forma y las formas como actúan los políticos y el ejemplo que dan.
La ciudadanía se desincentiva y se desanima cuando los políticos incumplen sistemáticamente sus promesas electorales y cuando hacen exactamente lo contrario de lo que se supone deberían hacer cuando fueron elegidos para representar una ideología determinada. Así la gente llega a la fácil conclusión de que todos incumplen, todos mienten.
En estos pasados años hemos visto como partidos socialistas, por definición internacionalistas, se han tornado proclives a las retrógradas e insolidarias tesis nacionalistas e incluso las han emulado y superado. Hemos visto como la derecha se ha transformado en seguidora de la socialdemocracia e impone soluciones absolutamente contrarias a sus conocidos principios doctrinales bajo la excusa de que "son necesarias" pero, mientras y sin pudor alguno, mantiene un gasto público excesivo por desorbitado. Sí, hemos visto toda clase de cambalaches políticos y toda clase de ventas ideológicas a contra reembolso de votos prestados por puro interés para seguir ocupando poltronas. Es la famosa "partitocracia", la dictadura de los políticos que, alejados de los intereses del pueblo, viven a su bola, en su propio mundo y a favor de sus propios intereses.
No suele pasar semana sin que muchos recibamos mails referidos a este problema. Incluso hace ya tiempo que circula por Internet la propuesta de una Iniciativa Legislativa Popular que quiere poner coto a varios de los desmanes que la gente simplemente ya no traga más.
Esta iniciativa propone una Ley de Reforma del Congreso (enmienda de la Constitución de España), a saber:
1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato y tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato realizado.
2. El diputado contribuirá al Régimen General de la Seguridad Social como el resto de ciudadanos. El fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social. El diputado participará de los beneficios del régimen de la S.S. exactamente igual a todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no podrá ser utilizado para ninguna otra finalidad.
3. El diputado debe pagar su propio plan de jubilación como todos los españoles.
4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario.
5. El diputado dejará su seguro actual y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles.
6. El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles.
7. Servir en el Congreso es un trabajo, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos (no más de dos legislaturas) y luego reincorporarse a la vida laboral previa a su etapa de Servicio Público.
8. Reducir un 30% el número de componentes políticos de las instituciones (concejales de ayuntamientos, diputados nacionales, diputados regionales, etc).
9. Eliminar instituciones obsoletas o duplicadas: senado, diputaciones provinciales, etc.
10. Reducir un 50% el número de asesores, de cargos públicos, así como limitar racionalmente sus retribuciones.
Pues sí, parece ser que el pueblo ya está harto de mantener a una casta compuesta, muy a menudo, por auténticos advenedizos que, incapaces de conseguir la misma comodidad burguesa en su vida laboral privada, se han incrustado en los presupuestos públicos de forma escandalosa (y perpetua).
La vida política se ha convertido en muchos casos en parasitaria, al menos así la considera un gran número de ciudadanos. Es realmente ya llegada la hora de acabar con todo ese tinglado y devolver cordura y sensatez a un sistema que se ha desmadrado. Créanlo o no nos jugamos la democracia.
Nota:
- Parece que en Barcelona el famoso lema "Espanya ens roba" va mutando a "La Generalitat ens roba". De los dos partidos que hoy forman el gobierno catalán, uno (Unió Democràtica) ha reconocido ante sede judicial que robó fondos públicos de los catalanes mientras el otro (Convergència) tiene su sede embargada por casos de corrupción económica y varios de sus máximos dirigentes están cuestionados y acusados de oscuros episodios financieros. ¿Quién roba a quién?