Un asunto de relativa importancia, como es la incompatibilidad de un conseller para gestionar una delegación, en lugar de resolverse con uno o dos informes técnicos se está complicando de una forma incomprensible. Se trata del conseller Fernando Villalonga y la delegación de pesca. Lo lógico sería esperar al análisis solicitado al Consell Consultiu y que el presidente actúe en consecuencia. Si se detecta la existencia de una incompatibilidad, el presidente asigna la gestión de pesca o otro conseller y asunto cerrado, sin más polémicas ni interpretaciones. Sin embargo, el equipo de gobierno ha querido crear una comisión para analizar la gestión de las dos últimas legislaturas. Es posible que esta comisión sirva especialmente para mantener vivo el debate político. Si la intención del PP es poner sobre la mesa posibles irregularidades de la etapa de Antònia Allès, lo que debería hacer es pedir a organismos independientes, como la Sindicatura de Comptes, que analicen los datos y emitan un dictamen. En la situación económica actual, los debates políticos que fomentan el enfrentamiento no interesan a los ciudadanos. Lo que les preocupa es la transparencia y la buena gestión de los recursos. Lo otro es perder el tiempo.
Editorial
Los objetivos de la comisión de pesca