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Editorial

Consenso político para la reforma educativa

El Congreso de los Diputados ha iniciado la tramitación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la séptima reforma de la enseñanza en la democracia. A tenor de lo manifestado por los partidos de la oposición, la 'ley Wert' irá seguida de otro cambio en el modelo educativo español cuando otro Gobierno, que no sea el PP, asuma el poder.

Mal presagio para un texto fundamental, que debe regular y ordenar la enseñanza.

El diagnóstico de los problemas que padece el sistema educativo español que ha realizado el Gobierno es, en líneas generales, acertado: la elevadísima tasa de fracaso y abandono escolar y los bajos niveles de competencia en materias básicas frente al conocimiento de los alumnos europeos son algunos de los aspectos que trata de resolver esta nueva ley.

Pero una reforma de este calado exige un amplio consenso con la comunidad educativa y, por supuesto, con el resto de formaciones políticas. Nadie cuestiona la necesidad de un poderoso revulsivo para la educación en España y acometer las reformas para resolver las numerosas deficiencias que presenta, pero desde el acuerdo, nunca desde la imposición.

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