El anuncio el mes pasado de que el Govern iba a mejorar la aportación económica que destina a los consells en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma ha resultado ser un caramelo envenenado. En la Conselleria de Servicios Generales, la que lleva las cuentas de la primera institución menorquina, el anuncio fue acogido en su día con prudencia, demasiada, tal vez porque ya se atisbaba que en Palma no soltarían el dinero así como así y porque, el reparto no se tenía claro. Los recelos estaban plenamente justificados porque además el Govern ha bloqueado el pago de 35,6 millones de euros extra que debían recibir los consells y lo condiciona a que éstos alcancen un acuerdo que permita aprobar la nueva ley de financiación -cuya revisión acumula un retraso de seis años-, antes de finales de 2014.
Las espadas están en alto, y la hoja más afilada parece que es la que maneja la presidenta del Consell de Mallorca, que ya ha reclamado 20 millones más para cuadrar sus cuentas.
Al igual que los ayuntamientos y como entidad local, el Consell es la primera puerta a tocar por los ciudadanos en busca de soluciones, y nadie lleva bien, y menos los acreedores, que le den con la puerta en las narices. Si a la demora de la ley de financiación se suma que el Govern tiene una deuda pendiente de más de treinta millones de euros con el Consell, la corporación insular se encuentra claramente en apuros, y gestionando unas competencias cuyo coste está ya desfasado. Como institución sin capacidad para recaudar impuestos, y por lo tanto con ingresos propios muy limitados, el Consell depende del dinero que llega de otras administraciones. El bloqueo del Govern rebaja aún más su capacidad de negociación y de presión. A no ser que el rey, acorralado, se enroque y evite el jaque mate.