En el año 1976, el petrolero Urquiola encallaba frente al puerto A Coruña. En el intento de llevar el siniestrado buque mar adentro, reventó, derramando 100.000 toneladas de crudo. Ahora, 37 años más tarde, la justicia califica de acertada la decisión de llevar al «Prestige» mar adentro. Pero la justicia en sus mudanzas en el año 1976, aquello de llevar al «Urquiola» mar adentro lo calificó de decisión «precipitada, absurda y criticable», y el Estado fue condenado por un «anormal funcionamiento de los servicios públicos».
En el año 1992, el «Mar Egeo», otro petrolero cargado de crudo, encallaba frente a la Torre de Hércules, cuando efectuaba la maniobra de aproximación al canal del puerto de A Coruña. Siete de los tanques del barco reventaron y el vertido se estimó en 67.000 toneladas. El capitán y el práctico del puerto fueron condenados por imprudencia. En ambos casos la justicia valoró los hechos como la comisión de un delito ambiental, cosa que no ha valorado igual el Tribunal Superior de Galicia en la catástrofe del «Prestige».
La historia del «Prestige» no acaba con lo que hayan contemplado o dejado de contemplar los tribunales de justicia. Para el curioso lector, el barco partido en dos, naufragó a 250 km de la costa gallega. La proa y la popa están separadas por una franja de 3,5 km entre sí.
Entre otras cosas, de los hechos de aquellos días, quedan las declaraciones de la élite política la más brillante sin duda la del delegado del gobierno en Galicia Arsenio Fernández de Mesa: «Hay una cifra clara, y es que la cantidad que se ha vertido no se sabe» dijo. Memorable también lo de Rajoy: «Unos pequeños hilillos solidificados plastilina en estiramiento vertical».Decía que la historia del «Prestige» no puede concluir tras los 10 años de instrucción judicial y los 9 meses de juicio, que se dice pronto. Los perjudicados no alcanzan a comprender para qué tantas alforjas para este pobre resultado. Mientras que por estampar tres tartas de merengue al rostro y la cabeza de la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, la Fiscalía pide 5 años de cárcel para los cuatro acusados y 2.700 euros cada uno, porque aunque sea con merengue, parece que un tartazo a una autoridad, es un delito.
Por el contrario, contaminar 2.000 km de litoral del norte de España y del oeste francés, sale gratis. Todo y que el Estado español, se ha gastado la friolera de 30 millones de euros en abogados en un pleito en Nueva York, contra las empresas estadounidenses que conforman el nebuloso entramado que debería haberse hecho cargo subsidiariamente de aquella catástrofe, que seguramente, aún va a costar muchos millones y más años de pleitos, quizá también de desengaños, si finalmente el gobierno de Galicia y algún particular damnificado, recurre la sentencia actual que no ha encontrado ni culpables ni damnificados.