La ley de Evaluación Ambiental recientemente aprobada por las Cortes Generales, pretende afrontar una profunda reforma de nuestra legislación medioambiental y hacer que las normas ambientales sean un instrumento eficaz para proteger el medio ambiente, anticiparse a los riesgos y prevenir los daños que la actividad humana pueda ocasionar.
Con esta ley se pretende proteger el medio ambiente pidiendo Evaluación Ambiental a los proyectos de fracking, cosa que anteriores gobiernos no hicieron. Se quiere regular el bunkering para no poner en peligro ecosistemas que en la situación actual pueden sufrir deterioros importantes. Se va a implementar la figura de los bancos de conservación como algo novedoso en España y creemos que muy interesante para la conservación del entorno.
Las cifras de expedientes en tramitación de evaluación ambiental pendientes de resolución son alrededor de 10.000 en toda España y las evaluaciones ambientales se dilatan excesivamente en el tiempo. Estas dilaciones no encuentran justificación desde el punto de vista de la prevención ambiental.
La falta de emisión de las declaraciones e informes ambientales en los plazos legalmente establecidos, en ningún caso podrá entenderse que equivale a una evaluación ambiental favorable. De esta forma, se refuerza la vertiente preventiva de la evaluación ambiental.
Constituye un error, a nuestro juicio, sostener que evaluaciones ambientales que se dilatan injustificadamente en el tiempo redundan en una mejor protección del medio ambiente.
El proyecto de ley incrementa la seguridad jurídica al unificar en un solo cuerpo legal las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental.
Además, simplifica los procedimientos al emplear un esquema similar para ambos (procedimiento ordinario y simplificado) y homogeneizar su terminología.
El proyecto de ley impulsa la participación de los ciudadanos interesados y de las ONGs dedicadas a la protección del medio ambiente en todas las fases de consultas de los procedimientos de evaluación ambiental, al establecer su participación de forma obligatoria en todas las consultas, a diferencia de lo establecido en la normativa actualmente vigente, en la que la decisión sobre su consulta estaba en manos de la Administración.
Todas estas consideraciones son también aplicables a la isla de Menorca, ya que sobre unas normas claras y que la simplificación administrativa sin una merma de la seguridad jurídica hará que proyectos necesarios y viables en Menorca puedan ser una realidad cuanto antes para beneficio de toda la ciudadanía y coadyuven a dar una salida a la situación en que nos encontramos.