Sin duda la imputación de una infanta de España es un hecho singular. Quizá por eso, nada es como acostumbra en otros casos. Para empezar, esta es la segunda vez que se imputa a una misma persona en menos de un año, por el mismo juez, y eso en sí mismo es extraño, pues viene la infanta de ser primero imputada y desimputada después, para volver nuevamente a ser imputada, y eso no es precisamente lo normal.
En el asunto de la imputación de doña Cristina confluyen otras circunstancias, por decirlo delicadamente peculiares, empezando por el batiburrillo que se organizó en la Agencia Tributaria, y ahora, resulta que las facturas que el juez consideraba acreditado que eran falsas, la Agencia Tributaria las dio por buenas. Y luego está la posición que adopta la Fiscalía, que a tenor de sus declaraciones, quizá no estaría de más, que repasáramos las competencias procesales que les competen en un proceso judicial, porque salvo que esté equivocado, un fiscal es el representante del ministerio público en los tribunales de justicia, podríamos decir, el que indaga las operaciones de otro, cuando éste está sometido precisamente a la inspección fiscal.
La imputación por el juez don José Castro en un auto de 227 folios, ha sorprendido a propios y extraños, porque una imputación nunca va acompañada de semejante proliferación de datos, diríase casi de una tesis procesal. Además, en la primera imputación en la que se puso tanto interés en que no prosperase, los hechos por los que la infanta como imputada debía de ir a declarar, eran infinitamente menos graves que en la imputación actual, que de ser admitida y finalmente juzgada y encontrada culpable, según voces expertas en derecho penal, a la infanta le podrían caer hasta once años. Pero eso son ganas de decir lo que nadie se puede creer. El camino es largo y proceloso. Primero la imputación actual tiene que ser firme, segundo, eso sólo significa ir acompañada de letrado a declarar ante el juez; declaración que unida a la documentación de la imputación, hará que el juez tome la decisión de juzgarla o no. Luego vendría un largo capítulo de recursos. Por consiguiente y ante la desigualdad que los paisanos solemos tener a la hora de que se nos aplique la ley, yo personalmente no veo a la infanta en la cárcel; me cuesta incluso verla juzgada, pero en la cárcel... que va, que va, que va. Aunque eso sí, será un ejercicio de encaje de bolillos ver como se tuerce o retuerce la ley si finalmente la actual imputación acaba por llevar a la infanta a declarar. De momento ya hemos visto cómo se las gasta uno de sus abogados Jesús María Silva: «No descarto la posibilidad de que a lo mejor no recurramos, si tantas ganas tiene el juez de oír las explicaciones de la infanta y realizarse como persona...». Me parece una verdadera salida de tono, una gratuita falta de respeto, más propia de un iletrado con pocas luces que la de un abogado que tiene la tarea de defender a una hija del rey.