«Deberías hacer una instancia», «el interventor está de vacaciones», «estamos muy liados después de las vacaciones navideñas y no tenemos tiempo de enviártelos» o «yo solo soy la secretaria» son frases que están en el 'top ten' de las excusas ofrecidas a un joven universitario que, en sus pasos incipientes en la profesión de periodista, tuvo la idea -qué ocurrencias-, de reunir los presupuestos municipales de la Isla desde el inicio de la crisis hasta hoy, para analizarlos y elaborar su proyecto de fin de carrera. Ya en el colmo de su osadía como plumilla de los tiempos digitales, quería los documentos en formatos que facilitaran su laborioso trabajo de comparar las cuentas de distintos ejercicios, que en eso consiste su idea. Y lo ha conseguido, solo en parte, pero ya lleva cuatro meses invertidos en el intento, porque los municipios no cuelgan esa información en internet y recopilarla ha sido una ardua tarea. Tanto, que esa opacidad administrativa centra ahora parte del proyecto.
Estrellarse contra el muro de la burocracia, con los gabinetes de desinformación o con los juegos malabares en los que se convierten las cuentas públicas, que se moldean según los intereses políticos de unos y otros, es algo a lo que el oficio te acostumbra. Pero no debería de ser así, y menos cuando se pregona la transparencia desde las instituciones. Puede resultar inocente, la idea de que solo con pedirlo, los gobiernos municipales van a explicar a un ciudadano de a pie hasta el último céntimo de lo que ingresan y gastan, pero esa es su obligación.
Lo que sorprende es que, entre las explicaciones al estudiante, algún funcionario admitiera estar descolocado ante esta insólita petición ciudadana, algo que indica también nuestro fallo como administrados a la hora de exigir el derecho a acceder a la información pública.