El Plan Territorial Insular de Menorca que en abril de 2003 aprobó el gobierno del Consell, formado por PSOE, PSM y EM-EU redujo en 128 plazas, de 728 a 600, el proyecto hotelero que la promotora mallorquina Cesgarden quería desarrollar en Son Bou.
Ocho años después, en mayo del 2011, el Tribunal Superior de Justícia de Balears condenó al Consell de Menorca a indemnizar a Cesgarden con 16,5 millones, una cantidad que asciende finalmente a 28,8 al añadir los intereses, por haber visto recortadas sus expectativas de negocio.
Ahora, el mismo órgano judicial -la Sala de lo Contencioso que preside el magistrado menorquín Gabriel Fiol- ha sentenciado que Cesgarden no tiene derecho a cobrar once millones más por el valor del suelo y la redacción del proyecto. El motivo: Cesgarden mintió y engañó -tantó al Consell de Menorca como al Tribunal Superior- al ocultar que solo 24 horas antes de la aprobación del Plan Territorial había comprado los terrenos de Son Bou.
Una superficie que adquirió por 500.000 euros y para la que en enero de este año reclamó 10,6 millones. La pretensión ha sido desestimada de plano porque estos terrenos ya eran de la mercantil Cesgarden.
La mentira de Cesgarden
La promotora mintió al alegar durante el juicio -lo que no investigó ni averiguó el abogado Luciano Parejo- que había tenido que adquirirlos, cuando ya eran de su propiedad al haber formalizado la compraventa el 24 de abril de 2003.
Los tres jueces de lo Contencioso-Administrativo han recogido, y calificado de «incierto», o sea, falso, todo lo descubierto durante la investigación impulsada por el anterior gobierno insular del PP, gestionada por la entonces consellera Marta Vidal, a la que se sumó con entusiasmo la Fiscalía Anticorrupción. Pedro Horrach presentó en mayo del 2014 querella por la operación de compraventa de estos terrenos de Cesgarden, que calificó de «maquinación fraudulenta contra el Consell de Menorca», pero un Juzgado de Palma consideró que estos hechos no eran constitutivos de estafa procesal.
Revisar la sentencia
Este auto judicial abre de par en par la puerta para la revisión extraordinaria de la 'sentencia Cesgarden' y, sobre todo, para depurar las responsabilidades profesionales por la negligente e ineficaz defensa letrada del Consell menorquín.
El doctor Parejo Alfonso, que simultaneó la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid con el ejercicio profesional de la abogacía al representar al Consell en el 'caso Cesgarden', no se dio cuenta del engaño de la propiedad de los terrenos de Son Bou ni aportó ningún peritaje alternativo, a pesar de haber sido reiteradamente solicitado por el juez Fiol.
La factura por los servicios profesionales del pleito -que Luciano Parejo no sustanció ante el Tribunal Constitucional- fue presentada al Consell por la Universidad Carlos III. Ya sabemos a quien reclamar, porque tanto las personas físicas y como las jurídicas cuentan con seguros de responsabilidad para afrontar grandes estropicios como este.
Pero el nuevo gobierno tripartito del Consell anunció, a través del conseller Santiago Florit que medita no seguir pleiteando por Cesgarden al haber pagado ya 38.000 euros en abogados. Hoy, con la nueva interlocutoria del Tribunal Superior, es el momento de llegar al fondo de las irregularidades y errores. Porque los menorquines nos jugamos el pago de 28,8 millones de euros por 128 plazas en un hotel de Son Bou que nunca llegó a construir aquella empresa mallorquina.
Destapar todas las cartas
El 'caso Cesgarden' cuenta con un hombre clave, un funcionario que puede desentrañar los secretos y orientar la reclamación del Consell, por mucho que digan que ningún jurista quiso presentar la reclamación de doce millones contra Parejo. Es Mateu Martínez, con una larga trayectoria en el PSM, que conoce los entresijos del Departament d'Ordenació y hoy asesor jurídico. Porque Mateu sabe perfectamente quién, cuándo y por qué falló. La cadena de mails con Parejo y otros funcionarios del Consell lo acredita.
Es el momento de destapar todas las cartas en esta partida que, hasta hoy, había perdido el Consell de Menorca.
PREGUNTAS DE LA SEMANA
¿Cuándo comunicó el gobierno del Consell a la UTE Dragados-Antonio Gomila SA su intención de rescindir el contrato de la carretera?
¿Qué concejal fue advertido para que no vuelva a asistir con pantalón corto a actos en los que representa a la institución municipal?
¿Cuántos puntos de la moción del PP sobre nombramiento de altos cargos del Govern aprobará Podemos en el Parlament del martes?
¿Quién explicó al conseller Boned -que nunca había visto el puerto de Son Blanc- el nuevo criterio del PSOE sobre los duques de alba?