La supresión de la obligatoriedad de pago de las cuotas camerales y los sucesivos cambios normativos dejaron herida de muerte a una entidad fundada hace 109 años en el Ateneo de Maó. Nos referimos a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Menorca, diluida tras la irrupción de PIME y CAEB.
El antiguo Consejo Superior de Cámaras ya se ha transformado en Cámara de Comercio de España y el 31 enero concluyó el plazo para que el Govern balear adaptase la normativa autonómica que regula las tres cámaras de Mallorca, Menorca y Eivissa. La sombra de la intervención y la disolución planea desde hace meses sobre estos organismos, lo que ha llevado a su presidenta, Magda Pons-Quintana, a aplazar la renovación del pleno.
La junta encabezada por Magda Pons-Quintana ha planteado con insistencia, durante los últimos meses, la precaria situación de la Cámara de Menorca a autoridades e instituciones para hallar una salida. Incluso la expuso al Rey Felipe VI en la recepción celebrada en la Almudaina el pasado 5 de agosto. Un mes después se encendió una luz de esperanza durante la primera visita a Menorca de la nueva directora general de Comercio y Empresa del Govern balear.
La exdiputada Pilar Sansó se comprometió a «gestionar una solución» para dar continuidad a la Cámara menorquina y evitar el cierre de la centenaria entidad, que languidece porque carece de recursos e ingresos. O sea, que el futuro está en manos del Govern de la Comunidad Autónoma y de las cantidad que, en más o en menos, pueda inyectar en las exhaustas arcas camerales. Y, sino, que pregunten a Pedro Monjo, que sabe los números.
Pero, como al soldado Ryan, ¿hay que destinar recursos públicos para salvar a la Cámara de Comercio de Menorca? Porque los primeros interesados y concernidos deberían ser sus socios.