El Consell aprobó ayer la moratoria comercial para echar el freno, una vez más, a la implantación de grandes superficies en la Isla. El acuerdo del pleno, con los votos a favor de la izquierda y el rechazo del PP, llega un día después de que supiéramos que una muy conocida cadena de tiendas de ropa y material de deporte, Decathlon, se instalará en Maó igualmente porque ya había presentado su solicitud de autorización. Se suprime así la posibilidad de que la nueva norma -que ya nace con la amenaza de recurso por parte de la patronal de las grandes empresas de distribución-, tenga carácter retroactivo.
El gobierno insular se protege de posibles litigios y ahora se concede el plazo de tres años para elaborar el plan de comercio que ordene el sector. Mientras tanto no se podrán abrir establecimientos de más de 400 metros cuadrados. El ya mencionado de la multinacional francesa lleva años en los que aparece y desaparece de la actualidad informativa, como el Guadiana, y es ansiado por los que gustan del deporte o de vestir ropa deportiva y no se quieren dejar cien euros en unas zapatillas de marca.
Si los que quieren regular -no prohibir, afirma la consellera del ramo-, leyeran las reacciones en la red a la noticia de que el Decathlon no estará afectado por esa moratoria se darían cuenta de que una mayoría de ciudadanos ni quiere ni puede pagar según qué precios, y que lo que el Consell plantea como una cesión en la norma, para la gente en general -esa para la que gobiernan-, es una alegría. Porque es indiscutible que en la Isla se debe dimensionar la oferta y proteger el comercio local, pero no a costa de que gran parte de sus habitantes carezcan de las posibilidades de un consumo asequible que existe en cualquier ciudad europea.